La huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria madrileña entra en su cuarta semana. Comenzó el 14 de octubre, pero su convocatoria se comunicó el 8 de septiembre, antes del adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.
En plena precampaña electoral, más allá de las disputas políticas, hay una pregunta que afecta directamente a las familias: ¿cuenta cada centro educativo con suficientes profesores, recursos y medios para atender adecuadamente a sus alumnos?
Analizamos los datos y las principales reivindicaciones.
1. ¿CUÁNTO SE INVIERTE POR ALUMNO?
Según el Ministerio de Educación, en 2023 el gasto público no universitario por alumno de centros públicos fue de 6.502 euros en Madrid, frente a 7.943 euros de media en España.
Madrid registró el menor gasto por estudiante de las 17 comunidades autónomas, un 18 % inferior a la media nacional.
En 2024, según datos todavía provisionales, el gasto no universitario de la Consejería madrileña alcanzó los 5.146 millones de euros, un 5,2 % más que el año anterior.
El incremento es positivo, pero no permite concluir por sí solo que se haya reducido la diferencia con España: para comprobarlo necesitamos comparar nuevamente el gasto por alumno de un mismo ejercicio.
2. ¿CUÁNTOS ALUMNOS DEBE HABER EN CADA AULA?
La Comunidad de Madrid está reduciendo progresivamente el número máximo de alumnos por clase.
En el curso 2026/27, el límite general de 25 alumnos se ha extendido a toda la ESO, mientras que el de 20 alcanza ya primero y segundo de Primaria.
El comité de huelga reclama límites más exigentes: 20 alumnos en Secundaria y 15 en Primaria.
Conviene distinguir entre el máximo autorizado y la ocupación real de las aulas. Una misma media regional puede ocultar situaciones muy diferentes entre centros y municipios.
La cuestión es determinar dónde hacen falta nuevos grupos y profesores para garantizar una atención adecuada.
3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No todas las aulas tienen las mismas necesidades.
Un centro con alumnado que requiere apoyos educativos, atención especializada o refuerzo por dificultades socioeconómicas puede necesitar más recursos que otro con idéntico número de estudiantes.
Por eso, el debate no debería limitarse a las ratios. También importa conocer cuántos orientadores, especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y profesionales de apoyo dispone cada colegio o instituto.
El comité reclama mayores dotaciones y medidas contra la segregación educativa. La Administración, por su parte, ha anunciado nuevos refuerzos destinados a necesidades especiales, comprensión lectora, matemáticas y salud mental.
Tan importante como aumentar las plantillas es garantizar que los recursos lleguen a los centros que más los necesitan.
4. HORAS LECTIVAS Y CONDICIONES DE TRABAJO
La jornada laboral del profesorado es de 37 horas y media semanales, pero no todas son horas de clase.
El acuerdo madrileño de 2025 estableció 19 horas lectivas semanales para Secundaria y FP, con una reducción progresiva a 18 horas entre los cursos 2027/28 y 2028/29. En Infantil y Primaria se mantienen 25 horas lectivas, con una mejora del tiempo de libre disposición.
El comité de huelga solicita 17 horas lectivas en Secundaria y FP y 22 en Infantil y Primaria.
La discusión no consiste simplemente en trabajar menos horas. Se trata de cómo distribuirlas entre clases, preparación de materiales, correcciones, coordinación educativa y atención individualizada al alumnado y sus familias.
5. SALARIOS Y COSTE DE LA VIVIENDA
La cuestión salarial constituye otro de los principales puntos de desacuerdo.
Según los datos comunicados por la Consejería en octubre, un maestro de nuevo ingreso percibe aproximadamente 2.582 euros brutos mensuales en 14 pagas, sin antigüedad ni complementos adicionales por otras funciones.
A ello se suma el elevado coste de la vivienda en Madrid.
Según la Agencia Tributaria, el alquiler mensual medio de los nuevos contratos de vivienda habitual en 2024 alcanzó los 1.079 euros en la Comunidad de Madrid, frente a 546 euros en Castilla-La Mancha.
Son cifras medias que no representan necesariamente el alquiler concreto de cada docente, pero ayudan a comprender el peso del alojamiento sobre sus ingresos y las dificultades para atraer y mantener profesionales en determinados destinos.
6. ¿QUÉ OFRECEN LA COMUNIDAD Y LOS SINDICATOS?
La Comunidad de Madrid anunció para este curso un incremento de 1.280 docentes respecto al anterior y otros 673 refuerzos específicos. También negocia una carrera profesional por grados que podría alcanzar los 350 euros mensuales adicionales en su nivel superior.
El comité de huelga reclama una subida de 600 euros mensuales en el complemento específico general, junto con menores ratios, reducción de horas lectivas, estabilidad de las plantillas, menos burocracia y mejoras en las instalaciones.
La Consejería estima en 665 millones de euros anuales el coste de aplicar esa subida salarial lineal. También ha anunciado actuaciones de climatización y accesibilidad en 75 centros educativos a partir de 2027.
Son propuestas y compromisos de distinto alcance que necesitan concretarse presupuestariamente.
El desacuerdo persiste. El 5 de noviembre, varios docentes protagonizaron un encierro de protesta en dependencias de la Consejería para reclamar una negociación directa.
7. NUESTRA POSICIÓN: TRANSPARENCIA, RECURSOS Y ACUERDOS
Desde la Plataforma Cívica San Fernando de Henares consideramos que este conflicto debe abordarse con voluntad negociadora, transparencia y compromisos verificables.
Pedimos a la Consejería de Educación y a los representantes docentes que concreten las necesidades y las posibles soluciones mediante:
- Datos públicos de las plantillas, alumnado y recursos de cada centro.
- Criterios transparentes para asignar profesores y especialistas de apoyo.
- Un calendario de mejoras y actuaciones en las instalaciones.
- Presupuestos identificables y mecanismos para comprobar su cumplimiento.
No basta con anunciar más recursos: las familias deben poder conocer dónde se necesitan, cuándo llegarán y qué mejoras producirán.
Defendemos una educación pública de calidad como garantía efectiva de igualdad de derechos y oportunidades.
En San Fernando de Henares, como en toda la Comunidad de Madrid, el objetivo debe ser que cada alumno pueda aprender en buenas condiciones y recibir la atención que necesita, independientemente de su barrio, sus circunstancias personales o la renta de su familia.
Porque el verdadero éxito de una política educativa no se mide únicamente por lo que se anuncia o se presupuesta, sino por lo que mejora cada día en nuestras aulas.
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