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UNA FECHA QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE ESPAÑA
Existen fechas que trascienden el calendario porque alteran para siempre el destino de un país. El 18 de julio de 1936 es una de ellas.
Hoy se cumplen 90 años del golpe de Estado militar protagonizado por una parte del Ejército español contra el Gobierno constitucional de la Segunda República Española, surgido de las urnas y plenamente legítimo conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Lo que sus promotores esperaban que fuese una rápida toma del poder fracasó en buena parte del territorio nacional. España quedó dividida y el golpe derivó en una guerra civil que se prolongaría durante casi tres años y marcaría profundamente a varias generaciones de españoles.
Aquel conflicto no solo provocó cientos de miles de muertos, heridos, desaparecidos y exiliados. También fracturó familias, pueblos y amistades, dejando una huella que todavía hoy forma parte de nuestra memoria colectiva.
Noventa años después, recordar aquellos acontecimientos no significa reabrir heridas. Significa comprender la Historia para proteger el presente y el futuro de nuestra democracia.
EL RIGOR HISTÓRICO EXIGE LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE.
La Historia debe narrarse desde los hechos y no desde la propaganda.
Durante la dictadura franquista se difundió la expresión "Bando Nacional" para designar a quienes participaron en la sublevación militar. Sin embargo, esa denominación respondía al relato oficial construido por el propio régimen vencedor.
La realidad histórica es otra.
Quienes iniciaron el conflicto fueron una parte del Ejército y diversos sectores civiles que se alzaron en armas contra el Gobierno legítimamente constituido de la Segunda República, rompiendo el orden constitucional vigente.
Por ello, la historiografía contemporánea utiliza mayoritariamente expresiones como bando sublevado, bando rebelde o fuerzas sublevadas, denominaciones que describen con precisión lo sucedido desde un punto de vista histórico y jurídico.
No se trata de imponer una visión ideológica de la Historia, sino de utilizar una terminología acorde con los hechos documentados.
EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA.
La Guerra Civil española adquirió desde sus primeros meses una dimensión internacional.
La Alemania nazi de Adolf Hitler y la Italia fascista de Benito Mussolini decidieron intervenir activamente en apoyo del bando sublevado, proporcionando aviación, carros de combate, artillería, armamento, asesores militares e incluso tropas que participaron directamente en numerosas operaciones militares.
Frente a esa intervención, Francia y el Reino Unido impulsaron en agosto de 1936 la política de No Intervención, a la que terminaron adhiriéndose la mayoría de los Estados europeos.
Sobre el papel, aquel acuerdo pretendía impedir que ningún país suministrara armas o apoyo militar a ninguno de los dos contendientes para evitar la extensión del conflicto al conjunto de Europa.
Sin embargo, la realidad fue muy distinta.
Mientras Alemania e Italia incumplieron de forma continuada ese compromiso apoyando militarmente a los sublevados, las democracias occidentales mantuvieron, con escasas excepciones, el embargo de armas sobre la República.
Como consecuencia de ese aislamiento diplomático, el Gobierno republicano apenas encontró un único proveedor estatal dispuesto a suministrarle armamento: la Unión Soviética.
Aquella ayuda no fue gratuita ni desinteresada. Estuvo condicionada por importantes contraprestaciones económicas y políticas, destacando el traslado de una parte muy significativa de las reservas de oro del Banco de España como garantía del pago del material adquirido.
Junto a esa ayuda oficial llegaron también miles de voluntarios procedentes de más de cincuenta países que, integrados en las Brigadas Internacionales, acudieron a España convencidos de que la defensa de la República suponía también defender la democracia frente al avance de los regímenes fascistas en Europa.
Por ello, numerosos historiadores consideran hoy que la Guerra Civil española constituyó el gran ensayo general de la Segunda Guerra Mundial.
TRES AÑOS DE GUERRA ENTRE ESPAÑOLES.
Entre 1936 y 1939, España vivió uno de los episodios más dramáticos de toda su historia.
La guerra se caracterizó por una enorme violencia ejercida en ambos bandos, bombardeos sobre población civil, persecuciones políticas y religiosas, represalias, ejecuciones extrajudiciales, hambre, desplazamientos masivos y una profunda destrucción económica y patrimonial.
Las víctimas pertenecieron a todas las sensibilidades políticas, religiosas y sociales.
Cada familia española conserva, de una u otra forma, la memoria de aquellos años de sufrimiento.
La guerra nunca dejó verdaderos vencedores.
Solo dejó un país devastado.
LA DICTADURA FRANQUISTA.
El 1 de abril de 1939 finalizó oficialmente la Guerra Civil con la victoria militar del bando sublevado.
Comenzó entonces una dictadura encabezada por el general Francisco Franco que se prolongó hasta 1975.
Durante ese periodo desaparecieron las elecciones democráticas, fueron ilegalizados los partidos políticos y los sindicatos libres, se implantó un sistema de censura sobre la prensa y la cultura y miles de personas sufrieron prisión, depuración profesional, exilio o distintas formas de represión política, especialmente durante los años posteriores a la guerra.
Durante casi cuatro décadas España permaneció bajo un régimen autoritario cuya evolución fue cambiando con el paso del tiempo, pero cuya legitimidad política nunca procedió del sufragio universal.
LA RECONCILIACIÓN Y EL TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA.
La muerte de Francisco Franco en 1975 abrió un proceso histórico de enorme trascendencia: la Transición democrática.
Lejos de buscar una nueva confrontación entre españoles, las principales fuerzas políticas apostaron por el diálogo, el consenso y la reconciliación nacional.
Ese esfuerzo colectivo permitió la aprobación de la Constitución Española de 1978, que estableció un Estado social y democrático de Derecho basado en la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales.
Desde entonces, España ha vivido el periodo más largo de libertad, estabilidad democrática y progreso de toda su historia contemporánea.
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA COMO PATRIMONIO COMÚN.
Recordar el 18 de julio no debe servir para enfrentar nuevamente a los españoles.
Debe servir para comprender las consecuencias que tiene la ruptura de la legalidad democrática y para reafirmar un principio que hoy forma parte del consenso constitucional:
ningún proyecto político puede imponerse mediante la fuerza de las armas frente a la voluntad expresada libremente por la ciudadanía.
La memoria democrática no consiste en alimentar el resentimiento.
Consiste en preservar la verdad histórica, reconocer la dignidad de todas las víctimas y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las instituciones democráticas como garantía de convivencia.
NOVENTA AÑOS DESPUÉS.
Noventa años después de aquel golpe de Estado y más de medio siglo después del final de la dictadura, España es una democracia consolidada integrada en la Unión Europea, donde las diferencias políticas se resuelven mediante el debate parlamentario, las urnas y el Estado de Derecho.
Ese es, probablemente, el mayor aprendizaje que nos dejó aquella tragedia.
La Historia no puede cambiarse.
Pero sí puede conocerse, comprenderse y explicarse con rigor.
Porque solo una sociedad que conoce su pasado está verdaderamente preparada para defender su libertad en el futuro.
Recordar no es permanecer anclados en el ayer. Recordar es reafirmar, generación tras generación, el compromiso con la democracia, la convivencia y la paz.
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