19 de agosto de 2025.
Desde la Plataforma Cívica San Fernando de Henares queremos dejar clara nuestra postura sobre Plaza de España:
Somos vecinos independientes, no vinculados a partidos ni al Ayuntamiento.
Defendemos el cumplimiento de la legalidad, pero con sentido común y proporcionalidad.
Plantear ahora la demolición integral del conjunto es extemporáneo y dañino: supondría pérdida de patrimonio en un entorno BIC, destrucción del corazón histórico del municipio y un coste millonario para los vecinos.
La solución debe pasar por fórmulas viables y equilibradas que reparen la legalidad sin agravar el problema.
Legalidad sí, pero con responsabilidad y sin convertir a San Fernando en rehén de estrategias que multiplican el daño.
Invitamos a todos los grupos políticos municipales a reflexionar sobre el objetivo real que persigue la AC. EL MOLINO en este asunto, las consecuencias que traería para el municipio y a evaluar seriamente si conviene alimentar un conflicto cuyo desenlace podría ser ruinoso para San Fernando.
CUATRO HECHOS OBSERVABLES SOBRE LA POSICIÓN DE EL MOLINO
1. ENFRENTAMIENTO PROLONGADO CON EL GOBIERNO LOCAL
En sus comunicados, la asociación vincula sistemáticamente Plaza de España a la “prepotencia del Ayuntamiento”, proyectando un conflicto con el PSOE local que viene de lejos. El caso se convierte así en un escenario donde “derrotar” políticamente a quienes consideran responsables.
2. RECURSO A LA AUTORIDAD JURÍDICA
Han obtenido sentencias favorables en la jurisdicción contencioso-administrativa. Esa legitimidad inicial les lleva a trasladar su interpretación como la única válida, cuestionando la buena fe o la preparación de quienes discrepan.
3. RECHAZO A VÍAS INTERMEDIAS
De acuerdo con sus publicaciones, no aceptan soluciones alternativas: o se ejecuta su interpretación estricta de la sentencia (demolición), o se está “del lado del Ayuntamiento”. Este planteamiento bloquea cualquier escenario de consenso.
4. REMEDIO DESPROPORCIONADO
Aunque la sentencia declara la nulidad de la reparcelación y licencias, los edificios hoy son de titularidad pública. La demolición implicaría un coste millonario para los vecinos, pérdida patrimonial en un ámbito BIC y un daño urbanístico de enorme magnitud. Aun así, la asociación mantiene esa propuesta como única salida.
LO QUE PROPONEMOS NOSOTROS:
1. NO HABLAMOS DE LEGALIZAR LO ILEGAL
Reconocemos que la actuación de Plaza de España fue nula de pleno derecho.
Pero la ejecución de la sentencia no obliga necesariamente al derribo si este es desproporcionado.
2. APLICAR EL ARTÍCULO 105 LJCA
Este precepto permite sustituir la ejecución material por otra fórmula “cuando resulte legal o materialmente imposible” ejecutar la sentencia en sus términos.
Aquí la “imposibilidad” no es técnica, sino jurídica, económica y social, porque la demolición causaría un daño mayor al interés general.
3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Demoler ahora supondría:
Pérdida del patrimonio en un entorno BIC.
Coste millonario para el erario público.
Destrucción del centro histórico del municipio.
La reparación debe ser proporcional al daño, no más gravosa.
4. EJECUCIÓN ALTERNATIVA
Nuevo Plan Especial ajustado a derecho que regularice la situación.
Reparaciones técnicas y urbanísticas que subsanen los defectos.
Compensaciones a terceros afectados si procede.
5. DIFERENCIA CON MARBELLA
En Marbella se trataba de promociones privadas para lucro particular: no podía blanquearse un beneficio ilegal.
En San Fernando, los edificios son ahora patrimonio público y la demolición no castigaría a un promotor, sino a los vecinos.
6. DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL Y DEL PATRIMONIO
La demolición sería contraria a la Ley de Patrimonio Histórico y al principio constitucional de defensa del interés público (art. 103 CE).
Mantener lo construido, corrigiendo lo necesario, es la única vía compatible con la protección del BIC, la estabilidad económica municipal y el bien común.
En resumen:
El Molino dice: “no se puede legalizar lo ilegal”.
Nosotros respondemos: “cierto, pero tampoco se puede ejecutar una sentencia destruyendo el patrimonio público y arruinando a los vecinos; la ley prevé vías alternativas”.
EN DEFINITIVA:
La posición actual de la AC. EL MOLINO responde más a una estrategia de confrontación política que a un análisis sereno de qué conviene a San Fernando. Desde la Plataforma Cívica seguiremos defendiendo la legalidad, pero con altura de miras y priorizando siempre el interés general de nuestros vecinos.
Enlace al artículo de EL ESPAÑOL:
De lectura recomendada hasta el final.
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