11 de octubre de 2023.
El presupuesto participativo adopta multitud de formatos, adaptándose a las características de cada municipio y al impulso político que quiera darle el equipo de gobierno.
En muchos municipios aún se están cerrando las cuentas de 2023 y ya se está pensando en cómo incorporar a la población en el diseño del presupuesto 2024.
La idea general es simple: se recogen propuestas de entidades asociativas y de vecinas y vecinos particulares y, después de comprobar su viabilidad técnica, se difunden para finalmente votarlas e incorporar en el siguiente presupuesto las que obtuvieron más apoyo.
Puestos a desarrollar esta iniciativa, encontramos numerosas opciones de diseño del proceso de participación que condicionarán su funcionamiento, sus ritmos y su alcance. A continuación sintetizaremos las principales cuestiones a las que debería responder un presupuesto participativo.
1. OBJETIVOS POLÍTICOS.:
El ayuntamiento debe identificar los objetivos, los principios y las prioridades que originan la decisión de poner en marcha un presupuesto participativo. Cuánto más claros sean estos valores, más fácil será abordar el proceso con el apoyo de todo el equipo de gobierno y más sencillo será la resolución de potenciales conflictos. En la misma medida, cuánto más amplios sean los círculos con los que se compartan estos valores (técnicos municipales, organizaciones sociales, vecinos y vecinas) tanto más sólido será presupuesto participativo.
2. RECURSOS ECONÓMICOS.:
Por una parte, se debe definir la cuantía de fondos disponibles para el presupuesto participativo y las partidas de las que se extraen. Iniciar con un monto para inversiones de mejora urbana es una decisión habitual. En años posteriores, en la medida en que el proceso madure, es de alto interés incorporar partidas “blandas”: cultura, igualdad, juventud, mayores… Este tipo de partidas se podrán abordar desde iniciativas de participación sectorial.
En relación a los recursos económicos, se debe tomar también la decisión de qué recursos respaldan la gestión técnica de la iniciativa.
3. EQUIPO TÉCNICO.:
Identificar qué integrantes del equipo municipal (político, técnico y administrativo) tendrán o deben tener implicación en el presupuesto participativo es relevante para (1) evaluar su disponibilidad y aportaciones potenciales y (2) diseñar los protocolos de actuación y los mecanismos de formación e información necesarios para una adecuada colaboración de todo el equipo. El proceso demandará la implicación de equipos municipales en aspectos como la formalidad administrativa de recepción y tramitación de las propuestas vecinales, la elaboración de informes técnicos que evalúen la viabilidad técnica y económica de las propuestas, la gestión de protocolos de transparencia que permitan hacer seguimiento del estado de las propuestas aprobadas, la información general sobre el proceso o la interlocución política.
Por otra parte, el ayuntamiento podrá disponer de apoyo externo en la gestión de procesos de presupuesto participativo, que deberá ser vinculado de manera eficiente a los anteriores en las funciones descritas.
4. ACTORES Y ALIANZAS.:
Hay que analizar en el tejido asociativo del municipio. Por lo general se dispone de un tejido asociativo con una fortaleza e implantación que varía según sectores y colectivos. El ayuntamiento dispone de mecanismos formales e informales que canalizan parcialmente la interlocución con el referido tejido asociativo. Sumar a personas vinculadas a las asociaciones a la iniciativa, generar alianzas entre la administración y la sociedad civil para promover el presupuesto participativo es un escenario deseable para el inicio del proceso.
Es muy útil disponer de un diagnóstico local preliminar que aporte evidencias de la demanda social de participación en el ámbito municipal.
5. MODELO DE PARTICIPACIÓN.:
Es necesario posicionarse ante aspectos diversos que no pueden ser improvisados durante el proceso. Un principio fuerte de las iniciativas de participación ciudadana en general y los de presupuesto participativo en particular, es que las reglas de juego deben ser claras y permanecer inalteradas a lo largo del ciclo de intervención. Transcurrido el año y completado un ciclo, las reglas se podrán revisar, modificando aquellas que hayan resultado disfuncionales. Pero, entre tanto, es desaconsejable que el ayuntamiento cambie las reglas o inserte nuevas normas “sobre la marcha”.
Muchas de las cuestiones a definir son de carácter operativo y puede aparentar que tienen escasa relevancia política, aunque en un momento u otro se verá que cada decisión aporta potencialidades y limitaciones al proceso.
Se tendrá que definir una zonificación del municipio y el nivel de autonomía con el que opera cada zona.
Será necesario delimitar el cuerpo electoral, comúnmente más amplio que el que interviene en las elecciones convencionales.
Se suele rebajar la edad mínima para votar y es habitual que voten quienes estén empadronados independientemente de su estatus legal/electoral (extranjeros sin derecho a voto, en particular).
También se debe definir el nivel de empleo de herramientas digitales y presenciales en el proceso.
Los niveles de autogestión vecinal del proceso (quién define el reglamento, quién marca el calendario del proceso, quién supervisa la ejecución de lo acordado) también es relevante.
Finalmente, un aspecto delicado es decidir qué medidas conducentes a la disminución de las desigualdades se van a implementar: dotación presupuestaria por zona según los niveles de renta previos, aplicación de índices de ponderación a las propuestas según su impacto social, ambiental, de género, etc.
Plataforma Cívica San Fernando de Henares apoya el desarrollo de unos PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS sobre la base de todas las cuestiones aquí planteadas.
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