Podíamos discutir después.
Sobre vivienda, alquileres, leyes, responsabilidades políticas o elecciones.
Podíamos discrepar absolutamente en todo.
Pero durante sesenta segundos Maricarmen Abascal no tenía por qué ser de izquierdas ni de derechas, ni representar un decreto, un partido o una consigna.
Era una mujer de 87 años que acababa de morir después de haber sido desahuciada del hogar en el que había vivido durante más de setenta años.
Guardar silencio por ella no significaba asumir ningún relato político.
Significaba reconocer a una persona.
Y precisamente por eso resulta especialmente grave lo ocurrido.
José Luis Martínez-Almeida no es únicamente dirigente del Partido Popular: es alcalde de Madrid y representa al Ayuntamiento.
Isabel Díaz Ayuso no es únicamente dirigente del PP madrileño: es presidenta de la Comunidad de Madrid y ostenta su máxima representación institucional.
Pedro Rollán no es únicamente senador del PP: es presidente del Senado y representa a la Cámara.
Cuando se ocupan responsabilidades de esta naturaleza, los actos ya no pertenecen solamente al partido que ha llevado a alguien al cargo.
Se proyectan sobre instituciones que son de todos.
También de quienes nunca votarían a quienes las gobiernan.
Nadie les pedía cambiar su política de vivienda.
Nadie les pedía respaldar una ley.
Nadie les pedía acudir a una manifestación.
Se les pedían sesenta segundos de silencio por una mujer fallecida.
Después podían haber continuado defendiendo exactamente las mismas ideas.
Porque el respeto a una persona muerta no debería convertirse en una adhesión ideológica.
Sin embargo, quienes justificaron su negativa alegando que querían evitar la instrumentalización política consiguieron precisamente lo contrario.
La noticia dejó de ser únicamente el homenaje a Maricarmen.
Pasó a ser también quién quiso guardar silencio y quién decidió no hacerlo.
La negativa no despolitizó el duelo.
Lo convirtió en polémica política.
Y ahí está lo verdaderamente preocupante.
La dignidad de un cargo público no se demuestra únicamente aprobando presupuestos, gestionando competencias o ganando votaciones.
También se demuestra en determinados gestos.
Un alcalde, una presidenta autonómica o un presidente del Senado pueden enfrentarse políticamente a sus adversarios cinco minutos después.
Pero durante un minuto podían haber representado algo mucho más elemental:
el respeto de una institución hacia una ciudadana fallecida.
No juzgamos sus conciencias.
Juzgamos una decisión pública.
Y nos parece una decisión profundamente impropia de la responsabilidad y de la dignidad institucional que deberían acompañar a quienes representan a millones de ciudadanos.
Maricarmen no necesitaba que todos pensáramos igual.
Necesitaba simplemente que durante sesenta segundos recordáramos que, antes que símbolo, noticia o argumento político, era una persona.
Cuando hasta el duelo se convierte en una frontera partidista, el problema ya no es solamente la vivienda.
Debemos preguntarnos seriamente qué nos está ocurriendo como sociedad.
¿Era realmente tan difícil guardar silencio durante un minuto?
Descanse en paz, Maricarmen.
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