El ex alcalde de IU de San Fernando de Henares se enfrenta a 4 años de cárcel por corrupción urbanística.
El alcalde de San Fernando de Henares entre 2007 y 2013, Julio Setién (Izquierda Unida); su concejal de Urbanismo, Joaquín Martínez, y varios asesores municipales se enfrentan entre otras a PENAS DE PRISIÓN por el ‘caso Plaza de España’.
GRAVES DELITOS URBANÍSTICOS, CONTRA EL PATRIMONIO Y PREVARICACIÓN
Los presuntos delitos que se imputan al ex regidor de Izquierda Unida son: delito continuado contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa, delito contra el patrimonio histórico y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Algunos tipos penales llegan a conllevar penas de cárcel de hasta cuatro años.
Por otra parte, el juez Luis Miguel Arroyo Rodríguez también sienta en el banquillo a otros cinco altos cargos y asesores de ese Gobierno municipal por algunos de los citados delitos.
Los delitos enumerados suman penas de hasta cuatro años de cárcel para el ex alcalde de IU.
PLAZA DE ESPAÑA UNA OPERACIÓN DE REHABILITACIÓN FRACASADA
El proyecto urbanístico comenzó en 2008, cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Julio Setién impulsó la empresa mixta Plaza de España S.L. Se llegó a un acuerdo entre el Consistorio sanfernandino (a quien correspondía el 49% de la compañía) y los propietarios de las viviendas de dicha plaza que iba a ser remodelada (a los que correspondió el 51% de la participación societaria). Se pidieron 7 créditos por valor de 57 millones de euros a Bankia y se alcanzó un acuerdo con la constructora Ortiz por una cantidad cercana a los 30 millones para ejecutar las obras.
Sin embargo, pronto comenzaron los problemas. El Ayuntamiento destinó parte del presupuesto «para llevar a cabo otros proyectos de la localidad, como un museo o para sanear a la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares». Más de 12 años después, aunque las obras se han finalizado en su gran mayoría, las viviendas de la plaza no han sido entregadas a sus propietarios.
Además, durante el pasado mandato, cuando asumió el bastón de mando Catalina Rodríguez (Más Madrid), se embrolló aún más el caso.
LA AC. EL MOLINO DESTAPA EL CASO EN 2011
El caso tiene su primer antecedente en abril de 2011, cuando la asociación cultural El Molino de San Fernando presentó una querella por presunto delito contra la ordenación del territorio. Posteriormente, «de las diligencias instructoras practicadas» se desprendió «la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal, imputar» al alcalde y su equipo, según el auto judicial.
La Plaza de España de San Fernando de Henares era un espacio verde de carácter público de 10.900 metros cuadrados, que formaba parte de un conjunto declarado como Bien de Interés Histórico Artístico perteneciente al Ayuntamiento desde el año 1888. Sin embargo, «se aportó al capital social de la citada sociedad mercantil», tal como recoge el auto.
«SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PLENO FUE APORTADA LA PLAZA AL CAPITAL SOCIAL DE LA MERCANTIL PRIVADA PESF, SL.»
«La aportación al capital de la mercantil privada fue realizada por el alcalde Julio Setién sin la debida autorización para ello. Así consta que el entonces alcalde figura en la certificación registral de la plaza, como autorizado para la inmatriculación y posterior aportación de dicha finca al capital de la mercantil privada», indica el juez.
El regidor se defiende argumentando que ese movimiento estaba apoyado en un acuerdo del Pleno municipal de 2008. «No obstante, no consta la adopción de acuerdo expreso alguno que facultara al alcalde para aportar al capital social de una mercantil un bien de titularidad pública como la Plaza de España», señala el auto.
Además, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente en 2009 para la zona un Plan Especial de Reordenación y una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente «ocultándose que en dicha fecha el espacio público de Plaza de España ya no pertenecía al Ayuntamiento, pues había sido incorporado al patrimonio de una sociedad mercantil por el alcalde». «El propio imputado (el alcalde) reconoce en su declaración judicial que el Pleno no le concedió una autorización expresa» para ello, subraya el texto.
LICENCIAS IRREGULARES Y OBRAS CONTRARIAS A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA PLAZA
Por otra parte, el ex edil de Política Territorial, Joaquín Martínez, está contra las cuerdas por «otorgar varias licencias de segregación y de obra a favor de la empresa de la cual era, además, consejero delegado. Dichas licencias fueron otorgados a pesar de que las obras autorizadas era contrarias a la normativa urbanística vigente».
Además, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid abrió un expediente sancionador por incumplir de la Ley de Patrimonio Histórico tras observar «la instalación en la plaza de elementos materiales (respiraderos, maceteros y plataformas) fabricados con materiales contemporáneos y colores llamativos, y sin guardar ningún tipo de simetría, dificultando la interpretación cultural del bien y distorsionando la imagen del conjunto». Por todo ello se tuvo que eliminar la consideración de espacio de especial valor patrimonial.
Otro punto negro es que el concejal de Urbanismo promovió «una escritura en la que se elevan a públicos los acuerdos sin haber procedido al trámite previo de información pública del proyecto de reparcelación». El juez señala que la persona que «encargó y formuló el Plan Especial en nombre y representación de la sociedad mixta no tenía constancia formal alguna de su nombramiento como administrador o apoderado de la misma». Y así el juez disecciona la lista de presuntas irregularidades en un exhaustivo texto de 12 páginas, que puede ser el primer paso para que este ex alcalde de Izquierda Unida acabe en prisión.
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