2 de agosto de 2025.
¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTE DESASTRE?.
La situación actual de la Plaza de España no es fruto de la casualidad. Es la consecuencia de decisiones políticas, errores urbanísticos y una cadena de ilegalidades cometidas a lo largo de casi dos décadas.
Entre 2007 y 2011, el entonces gobierno municipal —formado por PSOE e IU y con Javier Corpa como concejal— aprobó acuerdos clave que hoy han sido anulados por los tribunales:
El proyecto de reparcelación de la UE-1 (núcleo de la Plaza de España).
Las licencias de obra para las viviendas y el aparcamiento subterráneo.
El Plan Especial que daba cobertura legal a la operación.
Todo esto ha sido declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y confirmado recientemente tras inadmitirse los recursos presentados por el Ayuntamiento. A ello se suma un expediente abierto por vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico.
CINCO SENTENCIAS QUE ARRASAN CON TODO.
El TSJM ha emitido cinco resoluciones firmes que obligan a:
Iniciar expedientes sancionadores contra los promotores.
Restituir la legalidad urbanística, lo que significa —atención— demoler lo construido si no se justifica lo contrario.
Reconocer la nulidad absoluta de los actos administrativos aprobados desde 2009, muchos de ellos con el voto favorable del actual alcalde.
El problema no se reduce solo a errores del pasado: en 2022, el actual gobierno municipal (PSOE) decidió comprar todos los activos de la fallida empresa mixta Plaza de España sin resolver primero su situación legal. Esto agravó la situación y comprometió aún más al Ayuntamiento.
RIESGO REAL DE DEMOLICIÓN.
Con todas las licencias y el planeamiento anulados, las edificaciones están legalmente “fuera de ordenación”.
Los juzgados 7 y 17 de lo Contencioso-Administrativo ya están reclamando la ejecución de las sentencias, lo que podría suponer la demolición total de:
Viviendas ya entregadas.
Locales comerciales.
Equipamientos públicos.
El aparcamiento subterráneo de 606 plazas.
¿QUIÉN PAGA ESTE DESASTRE?.
Los grandes perjudicados son los vecinos, comerciantes y toda la ciudad. San Fernando corre el riesgo de perder su centro histórico y de sufrir un daño irreparable, tanto social como económico.
Los responsables políticos de esta situación deben dar explicaciones:
Gobiernos municipales desde 2007, especialmente el de la primera etapa de Corpa.
El actual alcalde, por agravar el problema comprando los activos sin haber regularizado previamente su situación.
La falta de valentía para admitir errores, buscar soluciones legales y hablar con claridad a la ciudadanía.
¿QUÉ SE PUEDE HACER AHORA?.
Quedan pocas salidas, pero aún estamos a tiempo si el Ayuntamiento actúa con responsabilidad:
Reconocer públicamente la gravedad de la situación.
Solicitar al Juzgado la suspensión motivada de la ejecución de las sentencias, argumentando que la demolición sería más lesiva aún para el interés general.
Promover una modificación urbanística legal y transparente, que permita preservar lo construido y reconducir la situación conforme al ordenamiento jurídico.
Dar la cara ante la ciudadanía y cesar en los intentos de minimizar el problema.
NO PODEMOS MIRAR A OTRO LADO.
Desde la Plataforma Cívica San Fernando de Henares advertimos del riesgo extremo que corre el corazón de nuestra ciudad.
Lo que representan estas imágenes de demolición podría hacerse realidad si no se actúa con urgencia, valentía y honestidad.
No es el momento de culpas cruzadas, sino de soluciones reales que eviten un daño irreparable.
San Fernando no puede permitirse perder su Plaza de España.
Exijamos responsabilidades y actuemos antes de que sea tarde.
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