12 de agosto de 2025.
Es un hecho que la asociación que hoy exige la demolición conocía la nulidad de las licencias, del proyecto de reparcelación y del plan especial antes de que se iniciaran las obras.
Su capacidad jurídica está sobradamente demostrada: han obtenido sentencias favorables en sus pretensiones y sabían cómo actuar. Sin embargo, no pidieron entonces la paralización cautelar, cuando todavía era posible evitar el daño que ahora alegan.
Solicitar la demolición ahora que todo está construido es extemporáneo y presume mala fe, porque provoca un perjuicio mayor del que se pretende reparar:
Pérdida irreparable de patrimonio público en un BIC (Bien de Interés Cultural).
Daño económico millonario para todos los vecinos.
Destrucción del centro histórico de nuestra ciudad.
No podemos permitir que un enfrentamiento político o personal convierta al conjunto de vecinos en rehén de una estrategia que no busca soluciones proporcionadas, sino llevar al límite la situación para forzar un desenlace destructivo.
Desde la Plataforma Cívica San Fernando de Henares defendemos que la legalidad debe cumplirse, pero con soluciones viables y en plazo, evitando que el remedio sea peor que la enfermedad.
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