"Es un absurdo plantear el desarrollo de las renovables sin dejar participar a la gente del territorio. Se trata de aprovechar la energía donde se produce, de aportar por la gente normal y de acompasar los proyectos con lo que somos en lugar de generar grandes instalaciones de grandes corporaciones", explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, que aboga por "poner un punto de normalidad en el despliegue de esta energía para democratizarla y dejar de tratarla como un producto financiero".
Tres lustros después del primer y fallido (y costoso para las arcas públicas) intento de implementar la energía verde como alternativa a la de fuentes fósiles y a la nuclear, el Ministerio de Transición Ecológica ha dado el primer paso decidido en ese sentido tras la eliminación del ‘impuesto al sol’: la subasta de licencias para desarrollar parques eólicos y solares actualmente en curso reserva 300 megawatios de potencia para parques fotovoltaicos de "generación distribuida con carácter local", es decir, para comunidades energéticas de consumo que utilicen la energía en las inmediaciones de donde se produce.
Para acceder a esta reserva, cuya inclusión en la subasta supone destinar un 8,5% del paquete de 3.498 que sale a puja a explorar una nueva vía en el despliegue de las renovables, se deben cumplir varios requisitos como que la instalación no supere los 5 Mw (el límite para el resto de la subasta es de 180) y que, en todo caso, quede limitada a un kilowatio por cada vecino censado en los municipios situados en un radio de 30 kilómetros de las placas, o la obligación de garantizar "el carácter local y participativo de la titularidad o financiación de las instalaciones y su localización próxima a centros de consumo de energía eléctrica".
"Las instalaciones adjudicatarias de esta reserva deberán fomentar la participación ciudadana con carácter local", indican las bases de la convocatoria, que limitan las posibilidades de acceder a cooperativas formadas por al menos diez vecinos de ese espacio, a entidades locales y a compañías con "un mínimo de cuatro participantes de carácter local, que podrán ser personas físicas, administraciones locales, cooperativas, microempresas o pymes" y que, en este último supuesto, podrán utilizar el ‘crowdfunding’ y el ‘crowdlending’ como vías de financiación.
Nuevos actores locales en el mercado de la energía
Eso abre las puertas al debut como operadores del mercado eléctrico de nuevos actores como, además de las familias, los ayuntamientos, algunos de los cuales ya han comenzado a explorar esa vía a través de sus empresas municipales de agua, las agrupaciones de pequeñas industrias o las comunidades de regantes, a las que se les presenta una fórmula para reducir las elevadas facturas energéticas que ahora soportan.
"Se prima la energía distribuida, la que se consume cerca", señala Ferrando, que destaca cómo esa reserva de 300 Mw, que supone la vía de entrada al mercado eléctrico para un mínimo de 60 proyectos locales, garantiza al mismo tiempo la participación en las subastas a unos promotores que hasta ahora tenían vetado el acceso, si no de derecho, si de hecho.
"Los proyectos pequeños no pueden competir con los grandes, porque su menor capacidad de acceso a la red y para adquirir el material hace que no puedan plantear ofertas por debajo de 25 euros por megawatio como las compañías", anota el presidente de la Fundación Renovables. La necesidad de cubrir las exigencias de avales bancarios presionan, por ejemplo, en ese sentido.
Coincide en el análisis Sara Pizzinato, consultora especializada en temas de energía, quien apunta que "en las subastas solo pueden participar en la práctica las grandes empresas por la necesidad de presentar avales y por la diferencia en los precios que pueden ofertar". "El modelo tiene que cambiar. En muchos ámbitos hay sensibilidad social frente al modelo de grandes parques, de carácter extractivista y con efectos negativos para el territorio en muchos casos", añade.
“La necesidad de democratización del sistema eléctrico”
En ese sentido, la convocatoria de la subasta asegura que el primer objetivo de la reserva y de sus requisitos consiste en garantizar "la entrada en el sistema eléctrico de instalaciones de producción de menor tamaño que fomenten la generación distribuida mediante su proximidad a los centros de consumo", entre cuyas ventajas técnicas destaca una "eficiencia global potencialmente mayor" por "las menores pérdidas en las redes de transporte y distribución" y el hecho de requerir "una menor creación de nuevas infraestructuras eléctricas".
Paralelamente, anota, el cupo responde "a la necesidad de democratización del sistema eléctrico de generación" con la "participación activa" en el despliegue de las tecnologías renovables de los ciudadanos y de "otros agentes como pymes y entidades locales".
En la subasta salen también a concurso 600 Mw de potencia eólica y fotovoltaica que deben comenzar a generar electricidad antes de que acabe septiembre del año que viene, más otros 700 de solar y 1.500 de eólica que tienen que hacerlo, respectivamente, en el primer semestre de 2023 y de 2024. Cierra el paquete un bloque de 200 sin tecnología previamente asignada.
"La puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables reduce el precio de la energía eléctrica", afirma la resolución, que considera conveniente acortar, "en la medida de lo posible, los plazos para la puesta en marcha de las instalaciones", dado "el actual contexto de elevados precios del mercado eléctrico mayorista".
“Esperar casi tres años parece excesivo”
Eso no ha ocurrido siempre, ni mucho menos. De hecho, la ausencia de un plazo de encendido aparece como uno de los motivos por los que no han llegado a entrar en servicio 2.152 (52%) de los 4.128 Mw eólicos de las subastas de 2016 y 2017. La conexión, por el contrario, fue casi total en la fotovoltaica, con 3.728 de 3.909 operativos.
"Echamos en falta que se exijan plazos cortos de construcción, esperar casi tres años, hasta junio de 2024, parece excesivo", indica Ferrando, que por otro lado recuerda que "3.000 Mw es una potencia similar a la que se instalaba en España hace diez años", antes del primer fiasco de las renovables con los recortes. La reserva local tiene el plazo límite el 31 de octubre de 2024.
Las cuatro subastas realizadas desde 2016 suman, incluida la actual, un total de 11.500 Mw de potencia para unas instalaciones cuya energía tiene asegurada una vez vertida a la red, y a falta de conocer el resultado de la actual puja, una retribución mínima de en torno a 25 euros por megawatio hora.
"Tienen un suelo del que no bajan, y no van al mercado para pujar", explica Pizzinato. Los efectos bajistas de la fórmula parecen obvios cuando en el sistema marginalista la cotización ha llegado a rondar los 200 en las últimas semanas, tras un verano en el que prácticamente no ha bajado de 150.
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