El alcalde Javier Corpa con el apoyo del grupo parlamentario socialista en la eurocamara, lleva el drama de las víctimas por la L7b del metro a su paso por San Fernando de Henares a la COMISIÓN DE PETICIONES del PARLAMENTO EUROPEO.
Lo que no le daría ya tanto igual es armar una demanda colectiva por negligencia en la redacción del proyecto modificado de la L7B a su paso por San Fernando, porque hay informes técnicos y periciales que así lo atestiguan sobre los que ya se ha pronunciado el TSJ, razón por la que actúan de oficio reconociendo ahora su responsabilidad como administración, pues ya perdieron por el mismo motivo ante Dragados. Si bien en dicho proceso la mencionada empresa actuó en defensa de sus intereses y no de los del pueblo de San Fernando, al hacerlo, evidenció y demostró técnicamente esas negligencias.
Desde un punto de vista práctico, el apoyo del parlamento europeo tiene el efecto político y mediático que tiene... una demanda judicial bien armada, permitiría además de las compensaciones que ya les han de ser reconocidas a las víctimas, ampliar esas indemnizaciones y de paso, depurar por vía PENAL responsabilidades técnicas y políticas en las personas en su día implicadas.
Pero claro, esto es iniciar una batalla judicial de largo recorrido, similar a la que han librado los afectados por Plaza de España San Fernando SL, y que a la administración responsable, en este caso el Ayuntamiento (que somos todos los vecinos de San Fernando), le está costando decenas de millones de euros en indemnizar a los afectados que a diferencia de lo del metro sí estamos pagando directamente los contribuyentes a este Ayuntamiento... cosa parecida que no se logró por parte de dicho colectivo en el Parlamento Europeo porque desde luego el PSOE (copartícipe en aquella gestión) no se movilizó como ahora en ese sentido, sino que tuvieron que hacerlo los particulares perjudicados en los tribunales y con asesoramiento legal pagado inicialmente de sus bolsillos.
Sabemos que la administración responsable es la Comunidad de Madrid, y que el coste de indemnización a los perjudicados, así como reparaciones y compensaciones al municipio ha de venir de la mano de dicha administración regional.
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