6 de marzo de 2025.
La Plataforma Cívica San Fernando de Henares anuncia que emprenderá acciones legales ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Coslada y el Canal de Isabel II, debido a su inacción prolongada respecto a las recurrentes inundaciones en los pasos inferiores de la calle de Rejas bajo la autovía M21 y de la avenida de La Cañada bajo el ferrocarril. Esta situación ha causado graves daños a bienes y personas, incluyendo la trágica muerte de un ciudadano en 2017, sin que hasta la fecha se hayan adoptado soluciones eficaces.
UNA PROBLEMÁTICA TÉCNICAMENTE DOCUMENTADA.
El problema, documentado y denunciado en reiteradas ocasiones, tiene su origen en el deficiente sistema de drenaje de estos pasos inferiores, que se ve agravado por la entrada en carga de un colector del Canal de Isabel II, el cual expulsa caudales de alivio sobre el cauce seco del Arroyo de Teatinos. Esta descarga genera una acumulación de agua que los sistemas de drenaje municipales no pueden evacuar de forma eficiente, provocando peligrosas inundaciones que afectan a conductores y peatones.
Las consecuencias de esta grave deficiencia estructural y de mantenimiento son evidentes:
Múltiples siniestros viales con vehículos atrapados en el agua.
Deterioro de la infraestructura urbana, afectando la seguridad del tráfico y la movilidad.
Pérdidas económicas y daños materiales para conductores y aseguradoras.
Riesgo para la vida humana, con el lamentable fallecimiento de un hombre en 2017.
A pesar de la existencia de soluciones técnicas viables para mitigar este problema (como la adecuación del colector, sistemas de bombeo y alertas de corte de tráfico), las administraciones responsables no han implementado medidas correctoras reales, perpetuando un grave riesgo para la ciudadanía.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL
La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, impone a los ayuntamientos la obligación de garantizar la seguridad de las infraestructuras urbanas. Por su parte, el Canal de Isabel II, como entidad gestora del colector, está obligado a evitar vertidos incontrolados que generen peligro público.
Además, el Código Penal (artículos 142 y 196) tipifica la imprudencia grave cuando la omisión de medidas de seguridad por parte de la administración provoca daños o víctimas mortales. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, también establece la responsabilidad patrimonial de la Administración por los perjuicios causados por su negligencia.
Dado que las autoridades competentes han permitido durante años una situación de riesgo conocida y documentada, sin aplicar las soluciones necesarias, podrían incurrir en responsabilidad penal por omisión del deber de seguridad y previsión.
ACCIÓN LEGAL Y REIVINDICACIÓN PÚBLICA
Ante esta inaceptable negligencia sostenida en el tiempo, la Plataforma Cívica San Fernando de Henares anuncia las siguientes acciones:
1. Presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, solicitando la apertura de una investigación por posible delito de imprudencia grave con resultado de daños y riesgo para la vida humana.
2. Interposición de reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento de Coslada y el Canal de Isabel II, en nombre de los afectados que hayan sufrido daños materiales y perjuicios económicos por esta situación.
Desde la Plataforma Cívica San Fernando de Henares, instamos a la ciudadanía, a las demás asociaciones vecinales y colectivos afectados a sumarse a esta exigencia de responsabilidades y soluciones reales. No podemos permitir que la inacción institucional siga poniendo en peligro a vecinos y conductores.
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