El Gobierno Ayuso no quiere que se depuren responsabilidades por negligencia técnica e irresponsabilidad política de anteriores gobiernos de su partido en este asunto.
San Fernando de Henares sufre las consecuencias de la Línea 7B del Metro: se han demolido 73 viviendas y otras 600 presentan daños, mientras el Partido Popular bloquea una investigación.
La situación en San Fernando de Henares es crítica. Los graves daños causados por la Línea 7B del Metro de Madrid han llevado a la demolición de 73 viviendas, y otras 600 presentan daños estructurales significativos. Este problema, que afecta a los ciudadanos de San Fernando desde hace años, alcanzó su punto más dramático en 2021, cuando los edificios comenzaron a hundirse. Sin embargo, una sentencia ya ha determinado que la responsabilidad recae sobre la Comunidad de Madrid, que intentó inicialmente culpar a la constructora Dragados.
Dragados, una de las principales constructoras del país, propiedad del presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, fue señalada en un primer momento como responsable de los daños por parte de la Comunidad de Madrid. No obstante, la empresa demostró con informes técnicos y periciales que el verdadero origen del problema radicaba en las decisiones políticas que se tomaron durante el proceso de construcción. El trazado original de la Línea 7B fue modificado por razones políticas, sin tener en cuenta las características hidrogeológicas del terreno, lo que terminó afectando gravemente a las viviendas y a la infraestructura del municipio.
Desde 2008, sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid conocían la consistencia del problema relacionado con la infraestructura del Metro en San Fernando de Henares, pero no actuaron de manera adecuada para evitar la crisis que se desató en 2021. Ahora, el Partido Popular (PP), que ha gobernado la Comunidad durante estos años, ha bloqueado la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. El PP sostiene que el problema se originó en administraciones anteriores y que no es responsabilidad del gobierno actual.
Esta negativa ha generado indignación entre los ciudadanos de San Fernando, quienes ven cómo sus hogares se destruyen o se deterioran mientras las autoridades evitan asumir responsabilidades. Aunque los daños comenzaron en el pasado, el impacto sigue siendo devastador en el presente, y los ciudadanos exigen respuestas y soluciones inmediatas.
La sentencia que exime a Dragados de responsabilidad y coloca la carga sobre la Comunidad de Madrid refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva sobre las decisiones que llevaron a esta situación. La negativa del PP a investigar ha sido vista como una falta de transparencia y de voluntad política para abordar los errores cometidos bajo sus propios gobiernos. Al evitar la investigación, parece que el partido está priorizando la protección de su imagen sobre la resolución de un problema que sigue afectando a muchas personas en San Fernando de Henares.
Los ciudadanos de San Fernando continúan luchando por respuestas y acciones concretas que pongan fin a esta crisis, que no solo ha destruido viviendas, sino que ha cambiado la vida de cientos de familias que ahora enfrentan una profunda incertidumbre sobre su futuro en el municipio.
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